De acuerdo con lo explicado por el funcionario, el inventario iniciará con “las personas que tienen legalizadas y vigentes las concesiones de agua”. Vale recordar que las concesiones de agua son permisos, que por 10 años, otorga la autoridad ambiental para captar el preciado líquido de los afluentes.

Este convenio se enmarca en la política que desarrolla el gobierno nacional y las CAR (corporaciones autónomas regionales) para conseguir el ordenamiento del recurso hídrico en el país. Por eso se necesita saber quiénes se benefician del agua, quienes vierten contaminación y cuáles son los puntos de control que existen por parte de la entidad ambiental.

Puntualizó que este tipo de estudios también permite “un mejor control sobre las corrientes que existen en la región”. Para el desarrollo del convenio, el Ministerio aporta $350 millones y la CDMB, $106 millones.