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Durante su presentación ante el cabildo local, Flórez Chacón dio cuenta del respaldo constitucional y legislativo de la entidad, ratificado por conceptos y sentencias emitidas por las altas cortes y por el gobierno nacional.
Explicó que no se puede pretender “municipalizar el control ambiental, porque el medio ambiente y los ecosistemas no se pueden fraccionar. Debe existir una coherencia en el trabajo que se realiza en las zonas que ofrecen servicios ambientales, como las ubicadas en páramo y las regiones demandantes y beneficiarias de los mismos, que en nuestro caso, son los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga”.
Así mismo, mencionó los impactos negativos que traería para el medio ambiente de la región, el hecho de desviar los recursos de la sobretasa ambiental hacia otros entes gubernamentales. Por ejemplo, el riesgo que correrían las zonas protegidas, las cuencas, los parques naturales y las reservas, que son base fundamental para el mantenimiento de la oferta hídrica de la región y la regulación del clima.
Explicó además que “es importante que los alcaldes y los concejales tengan claro que la ley 99 de 1993, y la ley 128 de 1994, establecen que la única autoridad ambiental con jurisdicción en el área metropolitana es la CDMB. Además, la sobretasa ambiental es un renta que maneja la Corporación, y ninguna entidad o alcalde puede tomarla, o partirla para entregársela a terceros”.
“Hay que acatar el control de advertencia de la Contraloría”
De acuerdo con lo indicado por el funcionario, la “Contraloría avizoró el peligro que representa tomar los recursos de la sobretasa ambiental para entregárselos a una autoridad ambiental incipiente, sobre la cual se tienen muchas dudas de orden jurídico”.
Flórez Chacón hizo un llamado a la Procuraduría y a la contralora nacional Sandra Morelli, para que tomen cartas en el asunto y “frenen las intenciones que tiene el Área Metropolitana de hacerse a unos recursos, con el pretexto de ejercer una autoridad ambiental a medias”.
Recordó que “sólo una ley puede variar la destinación específica que tiene la propiedad de esa renta y no un acuerdo del área metropolitana”.
Sobre el control de advertencia, la concejala Carmen Lucía Agredo hizo un llamado a sus colegas asistentes a la sesión: “Es un campanazo para los concejos del área metropolitana y para los alcaldes. Yo creo que en esto no podemos retar a las entidades de control, tenemos que analizarlo muy bien porque los concejos en últimas son los que tienen que aprobar el destino de la sobretasa ambiental”.